22 de Mayo de 2013
Central nuclear de Garoña en Burgos.
"Esta orden de reapertura de Garoña enriquecerá a los propietarios, sin contraprestación alguna, ya que se embolsarán más de 1.100 millones de euros durante los seis años de ampliación de su explotación", ha dicho Raquel Montón, responsable de la campaña Nuclear de Greenpeace. "Pero el proyecto de ampliación ignora el interés público y de participación de las personas y obliga a los ciudadanos a asumir los riesgos que los propietarios no pagarán".
Greenpeace considera, tras el estudio del proyecto de revocación parcial de la Orden ITC/1785/2009 (4), que hay diez razones para considerar improcedente la reapertura de la central nuclear de Garoña.
En primer lugar, la organización cree que la reapertura no mejora la dependencia energética de España, sino que la perpetua. Garoña importa del exterior la totalidad del combustible que utiliza.
En segundo, Greenpeace opina que Garoña no tiene ninguna incidencia en la seguridad de suministro. En estos momentos hay sobrecapacidad de generación y Garoña supone menos del 1,2% en el sistema eléctrico español.
La reapertura, según los ecologistas, no ayuda a compensar el déficit tarifarlo actual. La fijación del precio de generación de la electricidad es el derivado de una subasta en el sistema de mercado y, por lo tanto, recibe la misma retribución que otras tecnologías; no está condicionado por la existencia o no de un cementerio nuclear (ATC), tal y como demuestra el desmantelamiento de Zorita; no tiene en cuenta la limitación que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) establece sobre el tiempo de almacenamiento del combustible gastado en las piscinas de las nucleares.
Según Greenpeace, la reapertura tendrá un efecto negativo sobre la actividad económica porque el desmantelamiento aumentaría los empleos directos. A lo que hay que añadir la reactivación de la economía para la cual existen ayudas estatales; tampoco se valoran adecuadamente los resultados de las pruebas de resistencia de las centrales nucleares que realiza la Comisión Europea, por ejemplo, la falta de establecimiento de requisitos para la gestión de accidentes integrado en el marco legal español; no se menciona que la orden ministerial de cierre fue ratificada por la Audiencia Nacional y que el proceso judicial no ha concluido, motivo suficiente para determinar la improcedencia del procedimiento de revocación.
Greenpeace cree que se vulnera el principio de seguridad jurídica contenido en el artículo 9.3 de la Constitución Española porque todas las consideraciones que se realizan ya habían sido valoradas para la determinación de la fecha de cierre en 2013; además, piensa que se lesiona directamente el interés público y de defensa de una política energética y medioambiental determinada.
Rima - Revista Industria del medio ambiente
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